Contralor Electoral

Oficina del Contralor Electoral

La Oficina del Contralor Electoral se compone de su autoridad principal, a saber, el Contralor Electoral, y de dos Contralores Electorales Auxiliares. Uno de los Contralores Auxiliares tiene que ser abogado y el otro contador público autorizado, y ambos son empleados de confianza del Contralor Electoral. Cada uno de éstos tendrá a cargo una oficina de fiscalización, a saber, uno la división de donativos y el otro la de gastos de campañas políticas. La predilección por esa estructura fue la de proveer de los recursos profesionales apropiados a la Oficina del Contralor Electoral. Además de un cuerpo completo de auditores, una oficina de fiscalización como esa debe contar con recursos contables y jurídicos.

Sobre las funciones propias del Contralor Electoral versus las del Auditor Electoral, basta adelantar que el Contralor Electoral es independiente a la CEE y tiene la autoridad para reglamentar e imponer multas administrativas. Esas facultades no las tenía el otrora Auditor Electoral. Siendo así, el Contralor Electoral ahora cuenta con las herramientas necesarias para realizar un trabajo independiente sin sujeción a la CEE ni a los partidos políticos.

Otro elemento que permite la independencia de la Oficina del Contralor Electoral lo es la autonomía presupuestaria dispuesta en el Artículo 3.008 de la Ley 222. Según esa disposición, el presupuesto de la Oficina del Contralor Electoral no podrá ser menor al del año fiscal anterior. Esto evita que la Rama Legislativa coarte las funciones del Contralor Electoral mediante el recorte de su presupuesto. No obstante, la propia ley permite que el presupuesto del año post eleccionario pueda ser menor al presupuesto del año fiscal de las elecciones. La razón para ello es que en el año de las elecciones, el presupuesto de la Oficina del Contralor Electoral se vería inflado por razón de las elecciones generales. Igualmente, el presupuesto de la Oficina del Contralor Electoral se vería afectado si el presupuesto del Gobierno se contrae en proporción a dicha reducción.

Los artículos 3.003(k) y 3.007 de la Ley 222 permiten que el Contralor Electoral promulgue reglamentos de auditorías, y otros, para llevar a cabo sus funciones fiscalizadoras. Precisamente, en esa facultad hay una gran diferencia con el esquema anterior. Los artículos 1.005 (l) y 1.035(b) de la Ley 4 supeditaban los reglamentos de la Oficina del Auditor Electoral a la aprobación de la CEE. Esto es, que el reglamento que adoptaba las normas generales de auditorías en las campañas políticas era aprobado por los propios comisionados electorales de los partidos políticos. Por su parte, la Ley 222 confirió la autoridad regulatoria al Contralor Electoral sin otorgarle injerencia decisoria a los partidos políticos.

Otra facultad imprescindible para un ente fiscalizador lo es la autoridad legal para acudir a los tribunales para hacer valer la ley. El Auditor Electoral no tenía esa autoridad y dependía de la representación legal de la CEE. Por su parte, el Artículo 3.003(b) de la Ley 222 le confiere autoridad al Contralor Electoral para presentar los recursos judiciales que estime apropiados. Sobre ese particular, cabe destacar que los artículos 4.001(e), 5.001(e), 11.000, 11.003 y 11.004 de la Ley 222 permiten al Contralor Electoral acudir al Tribunal de Primera Instancia en dos circunstancias.

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